No Aportar Documentos Que Obren En Poder De La AdministraciN?

No Aportar Documentos Que Obren En Poder De La AdministraciN
No Aportar Documentos Que Obren En Poder De La AdministraciN La reciente STS de 12/01/2023 (RC 2507/2022) ha fijado la siguiente doctrina jurisprudencial (en el original hay una errata: se dice Ley 40/15 y es 39/15): “, Del tenor literal de los arts.109.1.a) y 5 del Reglamento de Extranjería y 28.2 de la Ley 39/15, declaramos que, salvo oposición expresa del interesado, no puede ser requerido a la aportación de documentos en los que funda la solicitud, cuando éstos obran ya en poder de las Administraciones o han sido elaborados por ellas, teniendo éstas obligación de solicitarlos de la correspondiente Administración a través de interconexión telemática ” Veremos primero cómo está regulado la petición de documentos que obran ya en poder de la Administración; después los antecedentes del caso con la solución adoptada por la Sala de instancia y finalmente lo que ha dicho el Tribunal Supremo. No Aportar Documentos Que Obren En Poder De La AdministraciN La petición de documentos que ya obren en poder de la Administración El art.28 de la Ley 39/15 de procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas (LPAC), con la finalidad de reducir la burocracia y facilitarle los trámites a las personas que se relacionan con las Administraciones, después de establecer en su apartado 1º la obligación aportar al procedimiento administrativo los datos y documentos exigidos por las Administraciones Públicas de acuerdo con lo dispuesto en la normativa aplicable, en su apartado 2º aclara lo siguiente: “2.

  • Los interesados tienen derecho a no aportar documentos que ya se encuentren en poder de la Administración actuante o hayan sido elaborados por cualquier otra Administración,
  • La administración actuante podrá consultar o recabar dichos documentos salvo que el interesado se opusiera a ello,
  • No cabrá la oposición cuando la aportación del documento se exigiera en el marco del ejercicio de potestades sancionadoras o de inspección.

Las Administraciones Públicas deberán recabar los documentos electrónicamente a través de sus redes corporativas o mediante consulta a las plataformas de intermediación de datos u otros sistemas electrónicos habilitados al efecto. Cuando se trate de informes preceptivos ya elaborados por un órgano administrativo distinto al que tramita el procedimiento, estos deberán ser remitidos en el plazo de diez días a contar desde su solicitud.

Cumplido este plazo, se informará al interesado de que puede aportar este informe o esperar a su remisión por el órgano competente”. En el caso de que sean documentos que el interesado haya ya aportado, la regulación se completa con el párrafo 2º del apartado 3º de este mismo art.28 LPAC: “Asimismo, las Administraciones Públicas no requerirán a los interesados datos o documentos no exigidos por la normativa reguladora aplicable o que hayan sido aportados anteriormente por el interesado a cualquier Administración.

A estos efectos, el interesado deberá indicar en qué momento y ante qué órgano administrativo presentó los citados documentos, debiendo las Administraciones Públicas recabarlos electrónicamente a través de sus redes corporativas o de una consulta a las plataformas de intermediación de datos u otros sistemas electrónicos habilitados al efecto, salvo que conste en el procedimiento la oposición expresa del interesado o la ley especial aplicable requiera su consentimiento expreso, No Aportar Documentos Que Obren En Poder De La AdministraciN Esto se completa con la regulación del Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos que añadió en el apartado 2º del art.61 lo siguiente: “2. Cuando las personas interesadas no aporten datos y/o documentos que ya obren en poder de las Administraciones Públicas, de conformidad con lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, se seguirán las siguientes reglas : a) Si el órgano administrativo encargado de la tramitación del procedimiento, puede acceder electrónicamente a los datos, documentos o certificados necesarios mediante consulta a las plataformas de intermediación de datos u otros sistemas electrónicos habilitados al efecto, los incorporará al procedimiento administrativo correspondiente,

Quedará constancia en los ficheros del órgano, organismo público o entidad de derecho público cedente del acceso a los datos o documentos efectuado por el órgano u organismo cesionario. b) Excepcionalmente, en caso de que no se pueda realizar el acceso electrónico a los datos mediante la consulta a que se refiere la letra anterior, se podrá solicitar por otros medios habilitados al efecto y se conservará la documentación acreditativa de la circunstancia que imposibilitó dicho acceso electrónico, incorporándola al expediente.

” Sobre este art.61.2 del RD 203/2021 y los apartados 2º y 3º del art.28 LPAC, la STS de 30/05/202 2 (RC 165/2021) en el marco de un proceso en que la Generalitat de Cataluña impugnaba directamente el artículo del Reglamento y aducía que “esta nueva obligación de incorporar las evidencias del no acceso a las plataformas no está prevista en la Ley 39/2015”, el Tribunal Supremo le respondió que: “Como señala la Abogacía del Estado, en el artículo 61.2 del Real Decreto 203/2021 que antes hemos transcrito guarda relación directa con lo dispuesto en el artículo 28, apartados 2 y 3, de la Ley 39/2015,

Según estos dos apartados del artículo 28 de la Ley 39/2015, los interesados tienen derecho a no aportar documentos que ya se encuentren en poder de la Administración actuante o hayan sido elaborados por cualquier otra Administración; y en tal caso la Administración actuante podrá consultar o recabar dichos documentos, salvo que el interesado se opusiera a ello (aunque no cabe tal negativa cuando se trate de actuaciones administrativas sancionadoras o de inspección) ; debiendo la citada Administración actuante recabarlos electrónicamente a través de sus redes corporativas o mediante consulta a las plataformas de intermediación de datos ( artículo 28.2 de la Ley 39/2015 ).

Y a tales efectos el interesado deberá indicar en qué momento y ante qué órgano administrativo presentó los citados documentos (artículo 28.3 de la propia Ley). Ahora bien, puede suceder que a la Administración actuante no le sea posible recabar electrónicamente los documentos, sea porque el interesado no ha cumplido la obligación de indicar en qué momento y ante qué órgano administrativo los presentó, sea por la concurrencia de cualquier otra circunstancia que haga imposible el acceso electrónico a los documentos,

Es entonces cuando entra en juego la previsión del precepto reglamentario impugnado – artículo 61.2.b/ del Real Decreto 203/2021 – que, además de permitir que entonces se podrá solicitar la documentación por otros medios, viene a establecer-y esto es lo que cuestiona la Generalitat de Cataluña- que “(.) se conservará la documentación acreditativa de la circunstancia que imposibilitó dicho acceso electrónico, incorporándola al expediente”.

se comprende sin dificultad la razón de ser de esta previsión reglamentaria que, como vemos, está directamente relacionada con lo dispuesto en el artículo 28, apartados 2 y 3, de la Ley 39/2015 y opera como garantía de su cumplimiento. Sencillamente el precepto impugnado del Real Decreto 203/2021 conduce a que quede constancia en el expediente de si la imposibilidad de acceso electrónico a los documentos se debe a una mala práctica administrativa o a un incumplimiento del administrado,” No Aportar Documentos Que Obren En Poder De La AdministraciN Los antecedentes del caso Un ciudadano extranjero solicita la primera renovación de la autorización de residencia y trabajo por cuenta propia en Alicante. Como dice la sentencia y recalca igualmente en negrita ” En el formulario de la solicitud prestaba su consentimiento a que la Administración pudiera acceder a los datos y documentos que estuvieran en su poder, a la que acompañó una serie de documentos “, incluida la liquidación de la tasa.

El 19/07/2018 la Administración le requiere para que en 10 días aportase Certificado de la Tesorería General de la Seguridad Social conforme estaba al corriente de los pagos, apercibiéndole que, de no hacerlo, se le tendría por desistido conforme a lo que indica el art.68.1 LPAC: “1. Si la solicitud de iniciación no reúne los requisitos que señala el artículo 66, y, en su caso, los que señala el artículo 67 u otros exigidos por la legislación específica aplicable, se requerirá al interesado para que, en un plazo de diez días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 21 ” El requerido aporta dicho Certificado de la TGSS pero de dos días antes del requerimiento.

La Administración a la que no le vale, le vuelve a requerir el 24/08/2018 uno de fecha posterior al primer requerimiento. El requerido solicita una ampliación de plazo. Finalmente el 24/09/2018, al supuestamente no haber cumplido con el requerimiento de aportación del Certificado, se archiva el procedimiento conforme al citado art.68.1 LPAC. No Aportar Documentos Que Obren En Poder De La AdministraciN La STSJ de la Comunidad Valenciana de 18/01/2022 confirmando la sentencia del Juzgado de lo contencioso-administrativo de Alicante que había desestimado el recurso del solicitante, nos dice que: “Esta Sala ya se ha pronunciado reiteradamente al respecto de la confirmación de la resoluciones de archivo ante la falta de cumplimiento del requerimiento.

Concretamente respecto a la falta de aportación de los certificados de cumplimiento de obligaciones tributarias y ante la Seguridad Social la sentencia 583/2020 de 30 de junio (rec 1209/18 ) afirma: “(.) Ante la solicitud de renovación de residencia temporal y trabajo por cuenta propia presentada con fecha 4-5-2017 se requirió a la interesada con fecha 29 de mayo de 2017- folio 25 del expediente administrativo- para que aportase certificación de hallarse al corriente en pago de la Seguridad Social y del pago de tasas.

Se le concedieron diez días para hacerlo con la expresa advertencia de que de no atenderlo se le tendría por desistida de su petición de acuerdo con lo dispuesto en el art.68.1 de la Ley 39/2015 (.) A juicio de la Sala, el requerimiento realizado está plenamente justificado ya que uno de los requisitos necesarios para obtener la renovación del permiso solicitado es hallarse al corriente en el pago de las obligaciones tributarias y de Seguridad Social, en lo que incide también el art.30 bis de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, en relación con sus arts.44.2 y 45.1 en cuanto al pago de las tasas exigibles por la expedición de tales permisos.

A su vez el art.68.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre prevé que ante el incumplimiento del requerimiento efectuado y no atendido se decretará el archivo del procedimiento por desistimiento de acuerdo con lo previsto en el art.21 de la misma disposición, tal y como en el presente asunto se ha acordado.

Tratándose de una solución perfectamente legal y plenamente justificada en orden a la acreditación de uno de los requisitos exigibles para la renovación del permiso disfrutado no cabe invocar el derecho a la tutela judicial efectivo que se esgrime sin ningún fundamento en el que ampararse. No Aportar Documentos Que Obren En Poder De La AdministraciN El Auto de admisión y la sentencia del Supremo La sentencia valenciana es recurrida en casación. Mediante ATS de 13/07/2022 se admite a trámite el recurso con el objeto de determinar: ” Si la prestación, en el apartado correspondiente del formulario de solicitud de autorización de residencia temporal y trabajo por cuenta propia, de consentimiento para la consulta por parte de la Administración de los datos y documentos referidos al solicitante y que se hallen en poder de la Administración, exime de la necesidad de la aportación de la justificación documental de los mismos por el interesado cuando es requerido para ello por la Administración, todo ello puesto en relación con el principio de buena administración, y si el no atender dicho requerimiento puede conllevar o no que la Administración tenga por desistido al interesado en su solicitud ” La sentencia del Supremo al resolver el tema es tajante: “Como bien sugiere el Sr.

Abogado del Estado, en su poco convincente oposición al recurso dada su posición procesal, la cuestión no reviste ningún tipo de dificultad pues basta transcribir los preceptos -claros y sin necesidad de interpretación- que acaban de citarse “. Por un lado se refiere al art.109 del Reglamento de Extranjería que recoge la obligación de comprobar de oficio por la Administración, del cumplimiento de sus obligaciones tributarias y de Seguridad Social.

Censura también las afirmaciones realizadas por la Sala de instancia sobre el no cumplimiento de la aportación de las tasas: “En todo caso la Sala quiere poner de manifiesto la incorrecta afirmación de la Sentencia de la Sala de Apelación cuando dice « el requerimiento realizado está plenamente justificado ya que uno de los requisitos necesarios para obtener la renovación del permiso solicitado es hallarse al corriente en el pago de las obligaciones tributarias y de Seguridad Social, en lo que incide también el art.30 bis de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, en relación con sus arts.44.2 y 45.1 en cuanto al pago de las tasas exigibles por la expedición de tales permisos», pues no concuerda con la literalidad del art.109 del Reglamento de Extranjería, sin que se le impute incumplimiento de sus obligaciones tributarias, adjuntó a la solicitud de renovación Certificado de Situación en el Censo de Actividades Económicas de la AEAT; Declaración del Ejercicio 2016 del Impuesto de Sociedades; Declaración-Resumen Anual de IVA del ejercicio 2017. No Aportar Documentos Que Obren En Poder De La AdministraciN Y por otro respecto a la legislación de procedimiento administrativo añade que: “Con carácter general, el art.28.2 de la Ley 39/15, bajo la rúbrica Documentos aportados por los interesados al procedimiento administrativo, les reconoce el «derecho a no aportar documentos que ya se encuentren en poder de la Administración actuante o hayan sido elaborados por cualquier otra Administración,

La administración actuante podrá consultar o recabar dichos documentos salvo que el interesado se opusiera a ello. », circunstancia que aquí no concurre, pues en el formulario normalizado para solicitar la renovación, dejó en blanco la casilla relativa a «NO CONSIENTO la consulta sobre mis datos y documentos que se hallen en poder de la Administración (en este caso deberán aportarse los documentos correspondientes)» (folio 4 expediente), luego, a ” sensu contrario” consentía esa consulta.

Por su parte el art.9.3 “in fine” de la CE garantiza «la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos», su art.103.1 establece que «La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho» y el 106 «1.

Los Tribunales controlan la potestad reglamentaria y la legalidad de la actuación administrativa, así como el sometimiento de ésta a los fines que la justifican.», preceptos que enmarcan la correcta actuación de la Administración, cuya incidencia en el presente caso se limita a determinar la existencia de la infracción de los mandatos legalmente impuestos en la tramitación del expediente, en los precitados preceptos”.

En virtud de ello, fija la doctrina jurisprudencial que hemos visto al principio, revoca las sentencias de instancia y las resoluciones administrativas que de forma totalmente contraria a la ley habían acordado el desistimiento del solicitante y el archivo del procedimiento por no haber aportado un documento que no estaba obligado a aportar conforme a lo dispuesto en la legislación especial y en el art.28.2 LPAC.

Actualización 23/03/2023: Les dejo aquí el enlace para poder acceder gratuitamente al magnífico libro que sobre este asunto ha elaborado José Mª Delgado Baidez ” El derecho a no aportar información al procedimiento administrativo en el contexto de la transformación digital ” Enhorabuena por un trabajo tan completo y útil.

Es de Justicia Diego Gómez Fernández Abogado y profesor asociado de derecho administrativo www.derechoadministrativoyurbanismo.es/blog Si te ha gustado la entrada, por favor compártela para que pueda llegar a más personas ¡Muchas gracias!

¿Qué tipo de documentos no tienen obligación de aportar los administrados?

El Tribunal Supremo ha declarado que los ciudadanos no tienen la obligación de aportar a la Administración documentos que ya obran en su poder o han sido elaborados por ella.

¿Qué es lo que respaldan los documentos administrativos?

Cuáles son sus funciones – Tienen dos funciones principales:

Constancia: aseguran la conservación de los actos de la Administración, acreditan sus efectos y garantizan el derecho de acceso y consulta a los mismos. Comunicación: sirven como medio de comunicación de los actos de la Administración al ciudadano y a otros organismos públicos.

¿Cuándo podrá requerir la Administración al interesado para que aporte la documentación que acredite que cumple los requisitos señalados en la declaración responsable?

Las Administraciones podrán requerir en cualquier momento que se aporte la documentación que acredite el cumplimiento de los mencionados requisitos y el interesado deberá aportarla.

¿Qué quiere decir que las personas interesadas tienen derecho a no presentar los documentos originales?

Derecho a no presentar datos y documentos no exigidos. La documentación no debe presentarse de nuevo cuando ya conste en los archivos de la Administración, aunque la Administración Pública ante la que se esté actuando sea diferente a la que lo posea.

¿Qué sucede si no se administran los documentos?

Colapso documental – Perder los datos de su organización puede tener consecuencias catastróficas. Al no contar con un sistema de gestión documental, se está arriesgando a quedar sin espacio para almacenar su información y, aún peor, se podrían perder años de esfuerzo de un día para el otro en caso de algún problema.

¿Cuál es la Ley que regula el derecho administrativo?

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. DOF 29-12-1976. Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

¿Cuál es la importancia de contar con los documentos legales y administrativos?

¿Para qué sirven los documentos legales? – En esencia, se utiliza este tipo de documento para registrar y comunicar situaciones bajo una óptica formal y a tenor de las leyes vigentes, por lo cual, sirven para asegurar derechos, generar obligaciones, entre otras funciones. A continuación, conoce las utilidades más relevantes de este tipo de documento:

¿Cuáles son las 4 fases del procedimiento para analizar documentos administrativos y legales?

Como en todo texto, en la elaboración de un documento de negocios se recomienda seguir un proceso que incluye cuatro etapas principales: planeación, redacción, revisión y edición, las cuales serán explicadas a continuación.

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¿Qué se hace para que un documento tenga validez legal?

Documentos necesarios –

Documento requerido Presentación
Documento público mexicano (con firma autógrafa y sello) previamente legalizado por las autoridades competentes. Original
Solicitud debidamente requisitada. Original
Identificación oficial vigente del titular del documento y, en su caso, del solicitante. Original y Copia
Comprobante del pago de derechos. Original

Nota: Consulta el “Aviso de privacidad” aquí. Descarga la “Solicitud para el trámite de legalización de documentos públicos” aquí, Para obtener la hoja de ayuda del pago correspondiente ingresa a la siguiente liga,

¿Qué es el silencio administrativo?

El silencio administrativo es la figura del derecho que permite la estimación o desestimación tácita que la Ley anuda a la ausencia de respuesta por parte de la Administración respecto de la petición de un ciudadano, una vez transcurrido el plazo legalmente establecido. Ideas clave

  • El silencio administrativo podrá ser positivo o negativo.
  • En procedimientos iniciados a solicitud del interesado, el vencimiento del plazo máximo sin notificar resolución expresa, legitima al interesado para entenderla estimada por silencio administrativo.
  • La estimación por silencio administrativo tiene a todos los efectos la consideración de acto administrativo finalizador del procedimiento.
  • La desestimación por silencio administrativo tiene los solos efectos de permitir a los interesados la interposición del recurso administrativo o contencioso-administrativo que resulte procedente.
  • La Administración está obligada a dictar resolución expresa, incluso cuando ha finalizado el plazo establecido para dictarla y se haya producido el silencio administrativo.
  • El certificado acreditativo del sentido del silencio se expedirá de oficio por el órgano competente en el plazo de 15 días desde que expire el plazo máximo para resolver el procedimiento.

¿Qué es lo más importante de la Ley 39 2015?

De acuerdo con el marco constitucional descrito, la presente Ley regula los derechos y garantías mínimas que corresponden a todos los ciudadanos respecto de la actividad administrativa, tanto en su vertiente del ejercicio de la potestad de autotutela, como de la potestad reglamentaria e iniciativa legislativa.

¿Cómo se determina la condición de interesado en un procedimiento administrativo?

Título I. De los interesados en el procedimiento (arts.3 a 12) Artículo 3. Capacidad de obrar. A los efectos previstos en esta Ley, tendrán capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas:

  1. Las personas físicas o jurídicas que ostenten capacidad de obrar con arreglo a las normas civiles.
  2. Los menores de edad para el ejercicio y defensa de aquellos de sus derechos e intereses cuya actuación esté permitida por el ordenamiento jurídico sin la asistencia de la persona que ejerza la patria potestad, tutela o curatela. Se exceptúa el supuesto de los menores incapacitados, cuando la extensión de la incapacitación afecte al ejercicio y defensa de los derechos o intereses de que se trate.
  3. Cuando la Ley así lo declare expresamente, los grupos de afectados, las uniones y entidades sin personalidad jurídica y los patrimonios independientes o autónomos.

Artículo 4. Concepto de interesado.

  1. Se consideran interesados en el procedimiento administrativo:
    1. Quienes lo promuevan como titulares de derechos o intereses legítimos individuales o colectivos.
    2. Los que, sin haber iniciado el procedimiento, tengan derechos que puedan resultar afectados por la decisión que en el mismo se adopte.
    3. Aquellos cuyos intereses legítimos, individuales o colectivos, puedan resultar afectados por la resolución y se personen en el procedimiento en tanto no haya recaído resolución definitiva.
  2. Las asociaciones y organizaciones representativas de intereses económicos y sociales serán titulares de intereses legítimos colectivos en los términos que la Ley reconozca.
  3. Cuando la condición de interesado derivase de alguna relación jurídica transmisible, el derecho-habiente sucederá en tal condición cualquiera que sea el estado del procedimiento.

Artículo 5. Representación.

  1. Los interesados con capacidad de obrar podrán actuar por medio de representante, entendiéndose con éste las actuaciones administrativas, salvo manifestación expresa en contra del interesado.
  2. Las personas físicas con capacidad de obrar y las personas jurídicas, siempre que ello esté previsto en sus Estatutos, podrán actuar en representación de otras ante las Administraciones Públicas.
  3. Para formular solicitudes, presentar declaraciones responsables o comunicaciones, interponer recursos, desistir de acciones y renunciar a derechos en nombre de otra persona, deberá acreditarse la representación. Para los actos y gestiones de mero trámite se presumirá aquella representación.
  4. La representación podrá acreditarse mediante cualquier medio válido en Derecho que deje constancia fidedigna de su existencia. A estos efectos, se entenderá acreditada la representación realizada mediante apoderamiento apud acta efectuado por comparecencia personal o comparecencia electrónica en la correspondiente sede electrónica, o a través de la acreditación de su inscripción en el registro electrónico de apoderamientos de la Administración Pública competente.
  5. El órgano competente para la tramitación del procedimiento deberá incorporar al expediente administrativo acreditación de la condición de representante y de los poderes que tiene reconocidos en dicho momento. El documento electrónico que acredite el resultado de la consulta al registro electrónico de apoderamientos correspondiente tendrá la condición de acreditación a estos efectos.
  6. La falta o insuficiente acreditación de la representación no impedirá que se tenga por realizado el acto de que se trate, siempre que se aporte aquélla o se subsane el defecto dentro del plazo de diez días que deberá conceder al efecto el órgano administrativo, o de un plazo superior cuando las circunstancias del caso así lo requieran.
  7. Las Administraciones Públicas podrán habilitar con carácter general o específico a personas físicas o jurídicas autorizadas para la realización de determinadas transacciones electrónicas en representación de los interesados. Dicha habilitación deberá especificar las condiciones y obligaciones a las que se comprometen los que así adquieran la condición de representantes, y determinará la presunción de validez de la representación salvo que la normativa de aplicación prevea otra cosa. Las Administraciones Públicas podrán requerir, en cualquier momento, la acreditación de dicha representación. No obstante, siempre podrá comparecer el interesado por sí mismo en el procedimiento.

Artículo 6. Registros electrónicos de apoderamientos.

  1. La Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales dispondrán de un registro electrónico general de apoderamientos, en el que deberán inscribirse, al menos, los de carácter general otorgados apud acta, presencial o electrónicamente, por quien ostente la condición de interesado en un procedimiento administrativo a favor de representante, para actuar en su nombre ante las Administraciones Públicas. También deberá constar el bastanteo realizado del poder. En el ámbito estatal, este registro será el Registro Electrónico de Apoderamientos de la Administración General del Estado. Los registros generales de apoderamientos no impedirán la existencia de registros particulares en cada Organismo donde se inscriban los poderes otorgados para la realización de trámites específicos en el mismo. Cada Organismo podrá disponer de su propio registro electrónico de apoderamientos.
  2. Los registros electrónicos generales y particulares de apoderamientos pertenecientes a todas y cada una de las Administraciones, deberán ser plenamente interoperables entre sí, de modo que se garantice su interconexión, compatibilidad informática, así como la transmisión telemática de las solicitudes, escritos y comunicaciones que se incorporen a los mismos. Los registros electrónicos generales y particulares de apoderamientos permitirán comprobar válidamente la representación de quienes actúen ante las Administraciones Públicas en nombre de un tercero, mediante la consulta a otros registros administrativos similares, al registro mercantil, de la propiedad, y a los protocolos notariales. Los registros mercantiles, de la propiedad, y de los protocolos notariales serán interoperables con los registros electrónicos generales y particulares de apoderamientos.
  3. Los asientos que se realicen en los registros electrónicos generales y particulares de apoderamientos deberán contener, al menos, la siguiente información:
    1. Nombre y apellidos o la denominación o razón social, documento nacional de identidad, número de identificación fiscal o documento equivalente del poderdante.
    2. Nombre y apellidos o la denominación o razón social, documento nacional de identidad, número de identificación fiscal o documento equivalente del apoderado.
    3. Fecha de inscripción.
    4. Período de tiempo por el cual se otorga el poder.
    5. Tipo de poder según las facultades que otorgue.
  4. Los poderes que se inscriban en los registros electrónicos generales y particulares de apoderamientos deberán corresponder a alguna de las siguientes tipologías:
    1. Un poder general para que el apoderado pueda actuar en nombre del poderdante en cualquier actuación administrativa y ante cualquier Administración.
    2. Un poder para que el apoderado pueda actuar en nombre del poderdante en cualquier actuación administrativa ante una Administración u Organismo concreto.
    3. Un poder para que el apoderado pueda actuar en nombre del poderdante únicamente para la realización de determinados trámites especificados en el poder.
  5. A tales efectos, por Orden del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas se aprobarán, con carácter básico, los modelos de poderes inscribibles en el registro distinguiendo si permiten la actuación ante todas las Administraciones de acuerdo con lo previsto en la letra a) anterior, ante la Administración General del Estado o ante las Entidades Locales, Cada Comunidad Autónoma aprobará los modelos de poderes inscribibles en el registro cuando se circunscriba a actuaciones ante su respectiva Administración.

  6. El apoderamiento « apud acta» se otorgará mediante comparecencia electrónica en la correspondiente sede electrónica haciendo uso de los sistemas de firma electrónica previstos en esta Ley, o bien mediante comparecencia personal en las oficinas de asistencia en materia de registros.
  7. Los poderes inscritos en el registro tendrán una validez determinada máxima de cinco años a contar desde la fecha de inscripción. En todo caso, en cualquier momento antes de la finalización de dicho plazo el poderdante podrá revocar o prorrogar el poder. Las prórrogas otorgadas por el poderdante al registro tendrán una validez determinada máxima de cinco años a contar desde la fecha de inscripción.
  8. Las solicitudes de inscripción del poder, de revocación, de prórroga o de denuncia del mismo podrán dirigirse a cualquier registro, debiendo quedar inscrita esta circunstancia en el registro de la Administración u Organismo ante la que tenga efectos el poder y surtiendo efectos desde la fecha en la que se produzca dicha inscripción.

Artículo 7. Pluralidad de interesados. Cuando en una solicitud, escrito o comunicación figuren varios interesados, las actuaciones a que den lugar se efectuarán con el representante o el interesado que expresamente hayan señalado, y, en su defecto, con el que figure en primer término.

¿Dónde pueden presentarse los documentos que los interesados dirijan a los órganos de las Administraciones Públicas?

Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, establece en su artículo 16.4.d) que los documentos que los interesados dirijan a los órganos de las Administraciones Públicas podrán presentarse, entre otros lugares, en las oficinas de asistencia en materia de registros.

La conversión de las actuales oficinas de registro en oficinas de asistencia en materia de registros aparece recogida en la parte expositiva de la citada ley, que determina que los registros electrónicos estarán asistidos a su vez por la actual red de oficinas en materia de registros, que pasarán a denominarse oficinas de asistencia en materia de registros, y que permitirán a los interesados, en el caso que así lo deseen, presentar sus solicitudes en papel, las cuales se convertirán a formato electrónico.

La citada ley consagra el derecho de los ciudadanos a relacionarse electrónicamente con la Administración y a ser asistidos en dichas relaciones, en el uso de medios electrónicos, estableciendo, asimismo, que los documentos presentados de manera presencial ante las Administraciones Públicas deberán ser digitalizados por la oficina de asistencia en materia de registros en la que hayan sido presentados para su incorporación al expediente administrativo electrónico.

El Real Decreto 2/2020, de 12 de enero, por el que se reestructuran los departamentos ministeriales, crea el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 como departamento encargado de la propuesta y ejecución de la política del Gobierno en materia de bienestar social, de familia, de protección del menor, de cohesión y de atención a las personas dependientes o con discapacidad, de juventud y de protección de los animales.

Así como la propuesta y ejecución de la política del Gobierno en materia de impulso para la implementación de la Agenda 2030 adoptada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, en su reunión de fecha de 25 de septiembre de 2015.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, los órganos de nivel inferior a subdirección general se crean, modifican y suprimen por orden del ministro respectivo, previa autorización del ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, cuyas competencias son hoy asignadas al Ministerio de Hacienda y Función Pública.

En virtud de lo anterior, mediante esta orden se crea la oficina de asistencia en materia de registros del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, de tal manera que los interesados puedan ser asistidos en el uso de medios electrónicos, en especial en lo referente a la identificación y firma electrónica, presentación de solicitudes a través del registro electrónico general y obtención de copias auténticas.

Esta orden es conforme con lo dispuesto en el artículo 129.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, en relación con la adecuación a los principios de buena regulación. En particular, cumple con los principios de necesidad y eficacia por razón de interés general como es la de garantizar los derechos de los ciudadanos en sus relaciones con la Administración, siendo el instrumento más adecuado para garantizar su consecución.

En virtud del principio de proporcionalidad, esta iniciativa contiene la regulación imprescindible para atender la necesidad descrita, sin imponer medidas restrictivas de derechos, cargas adicionales, ni obligaciones innecesarias a los destinatarios.

El principio de seguridad jurídica se garantiza ya que esta norma es coherente con el resto del ordenamiento jurídico. En aplicación del principio de transparencia, la tramitación de esta disposición cumple todos los trámites y consultas preceptivos y comenzará a surtir efectos a partir de su publicación.

Por último, en virtud del principio de eficiencia, esta orden contribuye a mejorar y a racionalizar la gestión de los recursos públicos. En su virtud, previa autorización de la Ministra de Hacienda y Función Pública, dispongo:

¿Qué sujetos intervienen en el procedimiento administrativo?

6. Conclusiones –

¿Qué entendemos por procedimiento administrativo ? conjunto de actos y diligencias tramitados en las entidades, conducentes a la emisión de un acto administrativo que produzca efectos jurídicos individuales o individualizables sobre intereses, obligaciones o derechos de los administrado. ¿Cuáles son los sujetos en el procedimiento administrativo ? la administración o entidad administrativa y el administrado. ¿Cuál es la estructura del procedimiento administrativo ? La doctrina compone 4 etapas: inicio, ordenación e instrucción, conclusión, y ejecución. ¿Cuáles son los tipos de procedimiento administrativo ? El TUO de la Ley 27444 identifica dos tipos: procedimientos de aprobación previa y procedimientos de probación automática.

¿Cuáles son las consecuencias de una mala gestión?

Las consecuencias nefastas de una administración inadecuada –

  • Una administración inadecuada puede tener consecuencias graves en cualquier ámbito, ya sea en una empresa, en una organización sin fines de lucro o en una institución gubernamental.
  • En el caso de una empresa, una mala administración puede llevar a pérdidas económicas, falta de productividad, desmotivación del personal y, en casos extremos, incluso a la quiebra,
  • En una organización sin fines de lucro, una administración inadecuada puede llevar a la pérdida de credibilidad y confianza por parte de los donantes y la comunidad, lo que puede afectar negativamente la capacidad de la organización para cumplir con su misión.
  • En el ámbito gubernamental, una mala administración puede llevar a la corrupción, la falta de transparencia y la ineficiencia, lo que puede afectar negativamente la calidad de vida de los ciudadanos y la confianza en las instituciones públicas.
  • Es importante tener en cuenta que una administración adecuada no solo implica la gestión eficiente de los recursos, sino también la ética y la responsabilidad social en todas las decisiones y acciones.
  • En resumen, una administración inadecuada puede tener consecuencias graves en cualquier ámbito, por lo que es fundamental que las empresas, organizaciones y gobiernos se esfuercen por implementar prácticas de gestión adecuadas y éticas.
  • ¿Qué medidas crees que se pueden tomar para evitar una administración inadecuada?

¿Cuál es la importancia de la gestión documental?

Permite ahorrar tiempo – Buscar un documento no debe ser una actividad que consuma mucho tiempo para un profesional. Los equipos deben dedicarse a la ejecución de tareas, la planificación y la definición de procesos. Con una gestión documental, los archivos se almacenan de forma categorizada y organizada. De este modo, la búsqueda y localización de archivos se realiza en pocos segundos.

¿Qué importancia tiene llenar correctamente los documentos oficiales?

Qué son, para qué sirven y cuál es la importancia de los documentos legales – Los documentos legales son aquellos que acreditan de forma fehaciente un hecho o situación y sirven para registrar y comunicar ciertos actos o hechos y como prueba de los mismos, No Aportar Documentos Que Obren En Poder De La AdministraciN La importancia de los documentos legales y algunas de sus funciones son:

Avalar convenios, Dan garantías a las partes cuando se firma un convenio sobre algo en particular. Tienen carácter legal por cumplir los requisitos obligatorios establecidos por la legislación nacional. A diferencia del resto de documentos, los documentos legales aportan seguridad a los firmantes. Otorgar legalidad a un hecho, Son la herramienta para legalizar un hecho o acto, por ejemplo un matrimonio en el caso del acta de matrimonio. Certificar la pertenencia, Determinan la propiedad de bienes, tanto muebles como inmuebles, aportando seguridad a los propietarios para que nadie pueda apropiarse de sus bienes.

¿Quién puede declarar la nulidad de un acto administrativo?

*20216000351681* Al contestar por favor cite estos datos: Radicado No.: 20216000351681 Fecha: 23/09/2021 09:34:33 p.m. Bogotá D.C. Referencia: ACTO ADMINISTRATIVO – Revocatoria. Aspectos generales de la revocatoria de un acto administrativo, Radicación No.20219000597672 del 26 de agosto de 2021.

En atención a la comunicación de la referencia, mediante la consulta respecto de los aspectos generales de la revocatoria de un acto administrativo me permito manifestarle lo siguiente: Sea lo primero señalar que a este Departamento Administrativo de acuerdo con lo establecido en el Decreto 430 de 2016, le compete formular las políticas generales de Administración Pública, en especial en materias relacionadas con empleo público, la gestión del talento humano, la gerencia pública, el desempeño de las funciones públicas por los particulares, la organización administrativa del Estado, la planeación y la gestión, el control interno, la participación ciudadana, la transparencia en la gestión pública y el servicio al ciudadano, razón por la cual no es de nuestra competencia intervenir en situaciones internas de las entidades, actuar como ente de control, investigación, ni señalar los procedimientos a seguir en caso de que se presenten anomalías.

Por lo anterior, nos pronunciaremos de manera general en relación con la naturaleza de los actos administrativos de la siguiente manera: En primer lugar, es importante precisar que los Actos Administrativos han sido definidos por la doctrina como “las manifestaciones de voluntad de la administración tendientes a modificar el ordenamiento jurídico, es decir, a producir efectos jurídicos” 1,

Con respecto a la emisión y nacimiento del Acto Administrativo se precisa que para que éste pueda nacer a la vida jurídica debe reunir los requisitos y procedimientos consagrados en la ley, por lo tanto, cualquier autoridad pública puede emitir actos administrativos, independientemente del nivel al que pertenezcan, es decir, pueden ser expedidos por autoridades del orden nacional, territorial o por los órganos de control.

De igual forma, la doctrina ha sostenido que existen ciertos elementos esenciales en todo acto administrativo que predeterminan la validez y la eficacia misma del acto; es decir, la competencia de la autoridad administrativa, la voluntad en la expedición, el contenido, la motivación, la finalidad y la forma.

En relación a los efectos del acto administrativo se tiene que por regla general surte efectos a partir de su expedición, siempre que no contenga alguna determinación que lo dilate, posponga o suspenda, como su publicación, notificación, requerir de la aprobación de un superior o estar sujeto a una condición para que produzca sus efectos.

De igual manera, la normatividad vigente diferencia la forma de poner en conocimiento los actos administrativos según sean éstos de carácter general o particular, en razón a los efectos que estos mismos producen. Por consiguiente, es preciso tener en cuenta lo siguiente: a) Con respecto a los primeros, el Artículo 43 del Código Contencioso Administrativo dispone que ” los actos administrativos de carácter general no serán obligatorios para los particulares mientras no hayan sido publicados en el Diario Oficial, o en el diario, gaceta o boletín que las autoridades destinen a ese objeto.()”.

  1. En consecuencia, estos actos administrativos sin publicar no son obligatorios para los particulares, lo cual no significa que la publicación sea requisito de validez, sino condición de oponibilidad,
  2. En efecto, la falta de promulgación de un acto administrativo de carácter general no es causal de nulidad; produce la falta de oponibilidad del acto a los particulares, o la no obligatoriedad del mismo.

b) En cuanto a los segundos, es decir a los actos administrativos de carácter particular, su obligatoriedad y los requisitos de su notificación están regulados en los Artículos 44 a 47 del Código Contencioso Administrativo. Al respecto, el Artículo 44 ibídem preceptúa que ” las demás decisiones que pongan término a una actuación administrativa se notificarán personalmente al interesado, o a su representante o apoderado “.

En este caso, la notificación a través de los diversos medios señalados por el ordenamiento legal, constituye una formalidad que le brinda legitimidad y eficacia a la actividad administrativa, y así mismo, una garantía de los derechos fundamentales de acceso a la administración de justicia y al derecho de defensa, en cuanto eventualmente le permitirá al afectado por el mismo ejercer los correspondientes recursos y acciones,

De lo anterior se deduce que el acto administrativo, general o particular, existe desde el momento mismo en que se profiere o expide, pero no produce efectos jurídicos, es decir, carece de fuerza vinculante mientras no se realice su publicación, notificación o comunicación.

  1. En este sentido, dispone el Artículo 48 del C.C.A.
  2. Que ” sin el lleno de los anteriores requisitos, no se tendrá por hecha la notificación ni producirá efectos legales la decisión ().
  3. Tampoco producirán efectos legales las decisiones mientras no se hagan las publicaciones respectivas en el caso del Artículo 46 “.

De otra parte, en relación con la vigencia de los actos administrativos, el Consejo de Estado considera que la decisión administrativa contenida en el acto de carácter general o particular es válida desde el momento en que se expide (desde que ha sido firmado, aún sin haber sido publicado o notificado, según el caso); sin embargo, su fuerza vinculante comienza desde que se ha producido la publicación o notificación del acto; por lo tanto, la publicación no constituye un requisito de validez del acto administrativo; se trata simplemente de una condición para que pueda ser oponible a los particulares, es decir, de obligatoriedad.

  • En este evento, se está ante un problema de eficacia de la norma, no de validez; es un aspecto extrínseco del acto y posterior al mismo.
  • En síntesis, los actos administrativos expedidos por las autoridades de los diferentes ordenes territoriales existen y son válidos desde el momento mismo de su expedición, pero no producen efectos jurídicos, es decir, no tienen fuerza vinculante, sino a partir de que se realiza su publicación, en tratándose de actos administrativos de carácter general, o su notificación cuando se trata de actos administrativos de carácter particular.

Sólo a partir de este momento, serán obligatorios y oponibles a terceros. Se reitera, los actos administrativos, generales o particulares, existen y son válidos desde el momento mismo en que se profieren o expiden, pero no producen efectos jurídicos, es decir, carecen de fuerza vinculante mientras no se realice su publicación, notificación o comunicación Por lo tanto, y resolviendo su primera pregunta, los actos de carácter general son anulables a través de la jurisdicción contenciosa, de conformidad con lo establecido por el art.137 de la ley 1437 de 2011 que es del siguiente tenor: “ARTÍCULO 137,

  • Nulidad. Toda persona podrá solicitar por sí, o por medio de representante, que se declare la nulidad de los actos administrativos de carácter general.
  • Procederá cuando hayan sido expedidos con infracción de las normas en que deberían fundarse, o sin competencia, o en forma irregular, o con desconocimiento del derecho de audiencia y defensa, o mediante falsa motivación, o con desviación de las atribuciones propias de quien los profirió.

También puede pedirse que se declare la nulidad de las circulares de servicio y de los actos de certificación y registro. () ” Los actos administrativos se presumen legales mientras no hayan sido anulados o suspendidos por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.

Suspendidos no podrán ejecutarse hasta tanto se resuelva definitivamente sobre sobre su legalidad o se levante la medida cautelar. Un acto administrativo de carácter general, para sacarlo del ordenamiento jurídico, es anulable a través de la jurisdicción contenciosa en acción de nulidad, de conformidad con lo preceptuado por el art.137 de la ley 1437 de 2011.

Ahora bien, en relación a los Actos administrativo de carácter particular la Ley 1437 de 2011 Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, señala lo siguiente sobre la revocación directa de los actos administrativos: “ARTÍCULO 93,

  1. CAUSALES DE REVOCACIÓN.
  2. Los actos administrativos deberán ser revocados por las mismas autoridades que los hayan expedido o por sus inmediatos superiores jerárquicos o funcionales, de oficio o a solicitud de parte, en cualquiera de los siguientes casos: 1.
  3. Cuando sea manifiesta su oposición a la Constitución Política o a la ley.2.

Cuando no estén conformes con el interés público o social, o atenten contra él.3. Cuando con ellos se cause agravio injustificado a una persona. () ARTÍCULO 97, REVOCACIÓN DE ACTOS DE CARÁCTER PARTICULAR Y CONCRETO. Salvo las excepciones establecidas en la ley, cuando un acto administrativo, bien sea expreso o ficto, haya creado o modificado una situación jurídica de carácter particular y concreto o reconocido un derecho de igual categoría, no podrá ser revocado sin el consentimiento previo, expreso y escrito del respectivo titular.

Si el titular niega su consentimiento y la autoridad considera que el acto es contrario a la Constitución o a la ley, deberá demandarlo ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Si la Administración considera que el acto ocurrió por medios ilegales o fraudulentos lo demandará sin acudir al procedimiento previo de conciliación y solicitará al juez su suspensión provisional.

PARÁGRAFO. En el trámite de la revocación directa se garantizarán los derechos de audiencia y defensa.” Al respecto la Corte Constitucional en la sentencia C – 57 de 2005, Magistrado Ponente, Dr. Jaime Araujo Rentería, señaló: ” Tratándose de la revocatoria parcial o total de aquellos actos que reconocen situaciones de carácter particular y concreto que afecten el interés de su titular, la administración deberá contar con el respectivo consentimiento previo, expreso y escrito del afectado.

La jurisprudencia de esta corporación ha sido clara al establecer que el fundamento para la validez de esta clase de decisiones está en la participación activa del titular del derecho, participación que se evidencia con su consentimiento expreso y por escrito. Si esta no se logra, será necesaria, entonces, su intervención en el proceso judicial o administrativo correspondiente que esta obligado a iniciar el respectivo ente administrativo, para que en ese escenario decida si procede la revocación, modificación o suspensión del acto demandado.

Por tanto, el consentimiento del particular es “un requisito esencial para que, en casos como el que dio origen a esta acción, el instituto acusado pueda modificar o revocar sus actos. La falta de anuencia por parte del titular del derecho no puede tomarse como un simple requisito de forma.

Por el contrario, es un requisito sustancial que garantiza principios y derechos en cabeza de este, tales como el de la buena fe, la seguridad jurídica, la confianza legítima, la participación del particular en las decisiones que lo afecten, así como los derechos al debido proceso. () En concreto, la administración no puede salvo las dos excepciones expuestas en párrafos presentes, revocar unilateralmente un acto sin iniciar previamente una actuación administrativa que en todo momento respete los postulados del derecho al debido proceso administrativo.

En el evento en el que la administración no obtenga el consentimiento expreso y escrito del ciudadano, deberá demandar su propia actuación ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, dentro del término que consagra el Artículo 136 del Código Contencioso Administrativo,” De conformidad con lo antes expuesto, un acto administrativo particular y concreto, no podrá ser revocado sin el consentimiento expreso y escrito del respectivo titular, toda vez que la administración debe velar por la seguridad jurídica respetando los postulados del debido proceso administrativo.

En caso de no existir consentimiento del particular, la Administración no está facultada para revocar el acto administrativo, y como consecuencia de ello si lo considera pertinente, podrá iniciar los trámites para demandar su propio acto ante la jurisdicción contencioso administrativa. De otra parte cabe recordar que los actos administrativos serán obligatorios mientras no hayan sido anulados o suspendidos por la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

En virtud de lo anterior, un acto administrativo es válido y eficaz desde el momento que lo expide la administración, lo que genera consecuentemente su ejecutabilidad, es decir, la generación de los efectos jurídicos (una vez cumplidos los requisitos de publicación o notificación).

Para más información respecto de las normas de administración de los empleados del sector público; así como las inhabilidades e incompatibilidades aplicables a los mismos, me permito indicar que en el link http://www.funcionpublica.gov.co/eva/es/gestor-normativo podrá encontrar conceptos relacionados con el tema, que han sido emitidos por esta Dirección Jurídica.

El anterior concepto se emite en los términos establecidos en el Artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Cordialmente, ARMANDO LÓPEZ CORTES Director Jurídico Proyecto: Sandra Barriga Moreno Revisó: Harold Herreño Aprobó: Dr.

¿Qué es la nulidad de los actos administrativos?

Adm. Consecuencia o efecto jurídico que el ordenamiento jurídico anuda al acto administrativo inválido. Las causas de nulidad o de anulabilidad han de hacerse valer en el marco del recurso que proceda legalmente.

¿Qué es el principio de legalidad en el procedimiento administrativo?

La legalidad como principio y en su acepción jurídica más aceptada, establece que todo acto de los órganos del Estado debe encontrarse fundado y motivado por el derecho vigente.

¿Qué tipos de documentos deben mantenerse en el archivo activo?

Concepto de archivo – Consiste en un conjunto ordenado de documentos que se guardan con un fin concreto de acuerdo con unas normas y criterios previamente establecidos. También denominamos fichero al lugar físico donde se almacena la documentación. Si atendemos a la frecuencia de consulta del archivo, lo podemos clasificar en: Archivos activos : Aquellos donde los documentos son consultados frecuentemente o que la documentación, ya sea por su valor administrativo, legal, operativo o fiscal no pierde vigencia.

  • Por lo general la fecha de emisión de los registros no es superior a los cinco años y es consultada más de una vez al mes.
  • Archivo semiactivo : Se conservan los documentos que han sido retirados del archivo activo finalizado el año fiscal.
  • Su finalidad es suministrar información para comprobar operaciones realizadas.

Archivo inactivo : Se conservan los documentos de consulta poco frecuente, que tienen utilidad temporal de acuerdo a su valor. Se almacenan allí hasta la destrucción de los mismos una vez que ya han cumplido su función.

¿Qué contenido deben tener los documentos administrativos electrónicos para ser considerados válidos?

Emisión de documentos por las Administraciones Públicas – En primer lugar, el artículo 26 de esta ley recoge la definición de documentos públicos administrativos que son aquellos que emiten válidamente los órganos de las Administraciones Públicas. Estos lo harán por escrito a través de medios electrónicos, salvo que su naturaleza exija otra manera más adecuada de expresión y constancia.

Contener información de cualquier naturaleza que esté archivada en un soporte electrónico, según un formato determinado, susceptible de identificación y tratamiento diferenciado.Disponer de los datos de identificación que permitan su individualización, sin perjuicio de que puedan incorporarse a un expediente electrónico.Incorporar una referencia temporal del momento en que han sido emitidos.Incorporar los metadatos mínimamente exigidos.Incorporar las firmas electrónicas correspondientes de acuerdo con la normativa aplicable.

Si se cumple con todos estos requisitos, los documentos electrónicos que se trasladen a un tercero de manera electrónica serán válidos. En este punto hay que añadir que los documentos electrónicos que emitan las Administraciones Públicas con carácter informativo y aquellos que no formen parte de un expediente administrativo no requerirán la firma electrónica, pero si será necesario identificar su origen.

¿Qué características debe tener un documento legal o administrativo?

Para que un documento sea legal, válido y legítimo, es imprescindible que cuente con 2 características claves: Aceptación y firma de las partes involucradas en el acto que lo origina; Sello que certifique su autenticidad.

¿Qué plazo prevé la Ley 39 2015 para la subsanación de documentación?

Estima la Sala el recurso interpuesto y declara el derecho de la actora a que la Administración le dé un plazo de diez días para subsanar la falta de firma electrónica y registro de su solicitud para participar en el proceso selectivo convocado. – Iustel La cuestión planteada en el presente caso -si es de aplicación el art.71 de la LRJPAC, actual art.68, en los supuestos de presentaciones telemáticas no finalizadas- ya ha sido resulta por la Sala en el sentido de que la Administración debe, en todo caso, dar la posibilidad de subsanación cuando el interesado reacciona frente a su no inclusión en la lista de admitidos y acredita que sólo omitió el paso final, esto, la firma electrónica y el registro de su solicitud.

TRIBUNAL SUPREMO Sala de lo Contencioso-Administrativo Sección 4.ª SENTENCIA 224/2022, DE 22 DE FEBRERO DE 2022 RECURSO DE CASACIÓN Núm: 806/2020 Ponente Excmo. Sr. JOSE LUIS REQUERO IBAÑEZ En Madrid, a 22 de febrero de 2022. Esta Sala ha visto el recurso de casación registrado con el número 806/2020 interpuesto por DOÑA Ascension, representada por la procuradora doña Mónica Paloma Fente Delgado y bajo la dirección letrada de don Rafael Rossi izquierdo, contra la sentencia de 18 de octubre de 2019, dictada por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, sede de Sevilla, en el recurso contencioso- administrativo 617/2017.

Ha comparecido como parte recurrida la Junta de Andalucía, representada y asistida por el Letrado de sus Servicios Jurídicos. Ha sido ponente el Excmo. Sr.D. José Luis Requero Ibáñez. ANTECEDENTES DE HECHO PRIMERO.- La representación procesal de doña Ascension interpuso ante la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, sede de Sevilla, el recurso contencioso- administrativo 617/2017, contra las siguientes resoluciones: 1.º Contra la resolución de 21 de julio de 2017 por la que se desestima el recurso de reposición interpuesto contra la resolución de 16 de junio de 2017 de la Dirección General del Profesorado y Gestión de recursos humanos, que modifica la de 6 de junio de 2017, por la que se declaró aprobada la lista definitiva del personal admitido y excluido para participar en el procedimiento selectivo convocado por Orden de 29 de marzo de 2017 para cubrir 200 plazas del cuerpo de Profesores de Música y Artes Escénicas, en el ámbito de gestión de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía.2.º Contra la desestimación presunta del recurso de reposición formulado contra la resolución de 10 de agosto de 2017 de la Dirección General del Profesorado y Gestión de recursos humanos por la que se hacen públicas con carácter definitivo la bolsas de trabajo del personal de los diversos cuerpos de profesores a los que hace referencia.3.º Contra la desestimación presunta del recurso de reposición formulado contra la resolución de 10 de agosto de 2017 de la Dirección General del Profesorado y Gestión de recursos humanos por la que se hace pública la adjudicación definitiva de destinos provisionales al personal docente de los diversos cuerpos de profesores a los que hace referencia para el curso 2017/2018.

  1. SEGUNDO.- Dicho recurso fue desestimado por la sentencia de 18 de octubre de 2019.
  2. TERCERO.- Frente a dicha sentencia, la representación procesal de doña Ascension preparó recurso de casación, y tras justificar en el escrito de preparación la concurrencia de los requisitos reglados de plazo, legitimación y recurribilidad de la resolución impugnada, identificar la normativa a su parecer infringida y defender que concurre en el caso interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia en los términos que señala en su escrito, la Sala sentenciadora, por auto de 23 de diciembre de 2019, tuvo por preparado el recurso, con emplazamiento de las partes ante esta Sala del Tribunal Supremo.

CUARTO.- Recibidas las actuaciones en este Tribunal y personadas doña Ascension como recurrente y la Junta de Andalucía como recurrida, la Sección de admisión de esta Sala acordó, por auto de 6 de mayo de 2021, lo siguiente: ” Primero. Admitir el recurso de casación preparado doña Ascension contra la sentencia de 18 de octubre de 2019 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía,Sección Tercera, con sede en Sevilla, desestimatoria del recurso contencioso-administrativo 617/2017.

Segundo. Declarar que la cuestión planteada en el recurso que presenta interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia consiste en determinar si el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (actual artículo 68 Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común), resulta de aplicación en los supuestos de presentaciones telemáticas no finalizadas, de forma que no se pueda tener por decaído en su derecho al solicitante sin previo requerimiento de subsanación.

“Tercero. Identificar como norma jurídica que será objeto de interpretación, el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (actual artículo 68 Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común, sin perjuicio de que la sentencia haya de extenderse a otras si así lo exigiere el debate finalmente trabado en el recurso, ex artículo 90.4 de la LJCA.” QUINTO.- Por diligencia de ordenación de 17 de mayo de 2021 se dispuso la remisión de las actuaciones a esta Sección Cuarta para su tramitación y decisión, y se confirió a la parte recurrente el plazo de treinta días para presentar su escrito de interposición.

SEXTO.- La representación procesal de doña Ascension evacuó dicho trámite mediante escrito de 20 de mayo de 2021 en el que precisó las normas del ordenamiento jurídico y jurisprudencia infringidas, y a los efectos del artículo 92.3.b) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-administrativa (en adelante, LJCA), solicitó de esta Sala que, entrando a conocer el fondo del asunto, dicte sentencia por la que: ” 1.

Proceda a revocar la sentencia de instancia declarándola disconforme a derecho e igualmente revoque y anule los actos recurridos en la primera instancia.con estimación íntegra de todos los pedimentos de la demanda y ampliación de la misma. ” 2. Se reconozca una situación jurídica individualizada a favor de su mandante consistente en reconocer su derecho a participar en el proceso selectivo litigioso toda vez que era procedente la subsanación pretendida por la misma, condenando a la Administración a que realice las actuaciones que fueran oportunas a tal fin, con todos los efectos económicos y administrativos que de ello se deriven.

” 3. Se fije la doctrina legal en relación a la aplicación del instituto jurídico de la subsanación a supuestos análogos al descrito, entendiendo que alguno de los parámetros que tienen trascendencia a estos efectos pudieran ser: ” 1.- Grado de cumplimiento del procedimiento -en el sentido de estar cercano a su finalización-, así como mínima diligencia y buena fe evidenciada por el administrado/aspirante en su actuar.

” 2.- Garantías desplegadas por la Administración para el cumplimiento de esos fines. ” 3.- Deber de reforzar la interpretación más flexible y antiformalista en los estadios iniciales de implantación de la administración electrónica. ” 4.- Evitar resultados desproporcionadamente gravosos para el administrado en atención al defecto padecido.

” SÉPTIMO.- Por providencia de 9 de junio de 2021 se acordó tener por interpuesto el recurso de casación y en aplicación del artículo 92.5 de la LJCA dar traslado a las partes recurridas y personadas para que presentasen escrito de oposición en el plazo de treinta días, lo que realizó la Junta de Andalucía, mediante escrito de su Letrada de 27 de julio de 2021, solicitando la desestimación del recurso por las razones contenidas en dicho escrito.

OCTAVO.- Conclusas las actuaciones, considerándose innecesaria la celebración de vista pública, mediante providencia de 22 de diciembre de 2021 se designó Magistrado ponente y señaló este recurso para votación y fallo el 22 de febrero de 2022, fecha en que tuvo lugar tal acto.

  • FUNDAMENTOS DE DERECHO PRIMERO.- LOS TÉRMINOS DEL LITIGIO.1.
  • La sentencia impugnada no hace un relato de hechos probados, pero de los informes a los que se remite se deduce que doña Ascension concurrió a la convocatoria reseñada en el Antecedente de Hecho Primero de esta sentencia.2.
  • Una vez abonada la tasa el 5 de abril de 2017 y completado el formulario, grabó la solicitud ese mismo día.

Tras realizar el paso 3 del formulario el sistema generó un documento con código de barras cuyo texto: “su solicitud se ha cursado con éxito”, la llevó al convencimiento de que había finalizado todo el proceso.3. Realizados los pasos del formulario, sin embargo no la presentó de acuerdo con las opciones establecidas en la convocatoria, por lo que se la excluyó porque ” no realiza ni firma electrónica de su solicitud ni realiza el registro de la misma en el registro electrónico de la Junta de Andalucía ARIES, no realiza ningún contacto con CAUCE para solicitar información o dudas sobre el procedimiento ni la tramitación electrónica del mismo “.

SEGUNDO.- JUICIO DE LA SALA SOBRE LA CUESTIÓN DE INTERÉS CASACIONAL OBJETIVO.1. La cuestión de interés casacional objetivo es la expuesta en el Antecedente de Hecho Cuarto de esta sentencia y sobre tal cuestión ya se ha pronunciado esta Sala y Sección en las sentencias 762, 867, 968 y 1411/2021, de 31 de mayo, 16 de junio, 6 de julio y 1 de diciembre, respectivamente (recursos de casación 6119 y 7452/2019, 814/2020 y 6969/2019, respectivamente).2.

De esas sentencias tomamos como cita la primera de ellas, la sentencia 762/2021. Aparte de que en ella hemos fijado la doctrina reiterada ya como jurisprudencia en las siguientes antes citada, lo relevante es que se casa y anula la sentencia de la misma Sala de instancia y Sección en la que se basa, por remisión, la ahora impugnada: nos referimos a la sentencia de 23 de mayo de 2019, dictada en el recurso contencioso-administrativo 622/2017.3.

Pues bien, en la sentencia 762/2021 esta Sala ha razonado lo siguiente: ” QUINTO.- Abordando ya la cuestión de interés casacional objetivo, esta Sala no alberga ninguna duda sobre la respuesta: el deber de dar un plazo de diez días para la subsanación de las solicitudes que hayan omitido la “firma del solicitante o acreditación de la autenticidad de su voluntad expresada por cualquier medio”, en palabras del vigente art.66.1.e) de la Ley 39/2015, está expresamente previsto por el art.68 del mismo cuerpo legal.

Y que la vigente legislación de procedimiento administrativo ha sido ya pensada para la llamada “Administración electrónica” resulta evidente de la simple lectura de la citada Ley 39/2015, para la que el modo tendencialmente normal de comunicación entre la Administración y los particulares es el electrónico.

Así las cosas, sería sumamente difícil -por no decir imposible- argumentar que la previsión legal del carácter subsanable de la omisión de firma en las solicitudes no es aplicable a las solicitudes presentadas por vía electrónica. Ello vale igualmente para aquellas omisiones que, sin referirse a la firma electrónica propiamente dicha, afectan a la “acreditación de la autenticidad de la voluntad” del solicitante, como podría ser el paso final de validar lo formulado y enviado por vía electrónica.

” Es cierto que la Ley 30/1992, temporalmente aplicable al caso aquí examinado, fue elaborada en un contexto histórico y cultural diferente, aún apegado a los modos tradicionales de comunicación. Sin embargo, la previsión de su art.71 es similar, como queda dicho, a la recogida en el vigente art.68 de la Ley 39/2015, por no mencionar que la interpretación de la antigua norma a hechos acaecidos en la segunda década de este siglo no puede por menos de hacerse teniendo en cuenta la realidad social de ese momento, tal como exige el art.3 del Código Civil.

  • En otras palabras, en ese momento la firma electrónica era legalmente firma a efectos de las solicitudes presentadas a la Administración, por lo que no había ya ninguna razón por la que no le fuese aplicable lo previsto en el art.71 de la Ley 30/1992.
  • SEXTO.- Una vez respondida la cuestión de interés casacional objetivo, la resolución del presente recurso de casación no ofrece especial dificultad.

Está acreditado que la recurrente siguió todos los pasos, salvo el último, para la presentación de su solicitud por vía electrónica: consta que “pagó la tasa, completó el formulario y grabó la solicitud”. Además, la Letrada de la Junta de Andalucía no discute que, a falta de realizar el último paso, la recurrente se encontró con la indicación “solicitud cursada con éxito”.

Es claro, así, que la única omisión, tal como se dice en la sentencia impugnada, fue que “no realiza ni firma electrónica de su solicitud ni realiza el registro de la misma en el registro electrónico”. Ello significa que lo omitido es precisamente la firma o acreditación de la voluntad del solicitante, supuesto contemplado por el art.70.1.d) de la Ley 30/1992 -equivalente al actual art.66.1.e) de la Ley 39/2015 – que da lugar al deber de emplazamiento por diez días para subsanación, previsto en el art.71 de la mencionada Ley 30/1992 y actualmente en el art.68 de la Ley 39/2015.

En suma, los hechos del caso son subsumibles en el supuesto de hecho de la norma. ” Frente a ello, la Letrada de la Junta de Andalucía opone que el programa informático funcionó correctamente y que, si no se siguen todos los pasos del mismo, la Administración no puede tener noticia de las solicitudes defectuosas.

  1. De aquí, como se dijo más arriba, proviene su afirmación de que en el presente caso hay una absoluta falta de presentación de la solicitud.
  2. Pues bien, esta objeción no es convincente.
  3. La Administración no puede escudarse en el modo en que ha sido diseñado el correspondiente programa informático para eludir el cumplimiento de sus deberes frente a los particulares, ni para erosionar las garantías del procedimiento administrativo.

Más aún: la Administración conoció -o pudo conocer- que la recurrente había pagado la tasa. A ello debe añadirse que, incluso aceptando a efectos puramente argumentativos que no sea técnicamente posible recibir automáticamente información sobre los pasos dados por todos aquéllos que han accedido al programa informático, la Administración debe, en todo caso, dar la posibilidad de subsanación cuando el interesado reacciona frente a su no inclusión en la lista de admitidos y acredita que sólo omitió el paso final, esto es, la firma electrónica y el registro de su solicitud.

” La Letrada de la Junta de Andalucía formula otra objeción, que tampoco puede acogerse, a saber: que la recurrente habría podido presentar su solicitud mediante el sistema tradicional. Que hubiera una alternativa a la vía electrónica no justifica que en ésta dejen de aplicarse las garantías legales del procedimiento administrativo.

” Por todo lo expuesto, procede casar la sentencia impugnada. TERCERO.- APLICACIÓN AL CASO Y ALCANCE DE LA ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA.1. Siguiendo con la cita de nuestra sentencia 762/2021, como en las sentencias 968 y 1411/2021, una vez casada y anulada la sentencia de instancia, hemos resuelto el recurso contencioso-administrativo en estos términos: ” SÉPTIMO.- Así, es preciso resolver ahora el recurso contencioso-administrativo.

  1. A la vista de cuanto queda expuesto, es claro que las resoluciones recurridas, teniendo a la recurrente por no admitida al proceso selectivo, vulneran el art.71 de la Ley 30/1992.
  2. De aquí que deban ser anuladas.
  3. En el petitum de la demanda, la recurrente pide, además, que se declare su derecho a participar en el proceso selectivo, retrotrayendo las actuaciones a la vía administrativa.

Pues bien, ajustándose al criterio seguido por esta Sala en el supuesto de indebida exclusión de procesos selectivos, procede efectivamente declarar el derecho de la recurrente a que la Administración le dé un plazo de diez días para subsanar la falta de firma electrónica y registro de su solicitud, así como su derecho seguir a participar en dicho proceso selectivo siempre que realice la necesaria subsanación.

  • Véase en este sentido, por todas, la sentencia de esta Sala de 14 de diciembre de 2012 (rec.n.º 5837/2010 ), con cita de otras anteriores,” 2.
  • A diferencia de los casos anteriores, este tiene como peculiaridad que doña Ascension amplió su recurso jurisdiccional a las resoluciones que hemos reseñado en el Antecedente de Hecho Primero 2.º y 3.º, lo que fue acordado por auto de la Sala de instancia.

Los recursos de reposición fueron expresa y posteriormente resueltos por resoluciones de 27 de abril y 12 de junio de 2018.3. La demandante justificó esa ampliación porque su exclusión del proceso selectivo implicaba quedar excluida de las bolsas de trabajo docentes.

Expuso así que en la base 1.6 de la Orden de convocatoria de 29 de marzo de 2017 se preveía que el personal integrante de las bolsas de trabajo docentes estaba obligado a participar en ese procedimiento selectivo conforme a los artículos 13.1.a) y b) de la Orden de 8 de junio de 2011, reguladora de tales bolsas, en relación con el artículo 20 del Decreto 302/2010, de 1 de junio.

Y tal base añadía que ” Será motivo de exclusión de las bolsas de trabajo no participar. ” en el proceso selectivo, lo que así se expuso en el informe del Servicio de Gestión de Personal Docente de Secundaria que figura en el expediente ampliado.4. Doña Ascension alegó que, de no haber sido excluida mediante las resoluciones reseñadas en el Antecedente de Hecho Primero.1.º de esta sentencia, se habría integrado en la bolsa y obtenido destino.

  • De esta manera en su segunda demanda lo que pretende es, aparte de la anulación de las dos resoluciones de 10 de agosto de 2017, que se le reincorpore a las bolsas con los efectos indemnizatorios y administrativos que detalla en ese escrito.5.
  • La Administración no se opuso a la acumulación pues compartía que hay vinculación entre los actos primeramente impugnados con aquellos a los que se amplió al recurso, pero rechazó que esa vinculación implicase como efecto automático la inclusión en las bolsas de personal docente interino.

Ahora bien, la Administración sólo se opuso reproduciendo las razones de la exclusión de doña Ascension, a lo que añadió el efecto discriminador que tendría frente a los que no fueron excluidos por presentar su solicitud correctamente, todo lo cual sustenta con la invocación de una sentencia del Juzgado de lo Contencioso-administrativo n.º 9 (recurso 39972017).6.

Pues bien, como sobre tal cuestión nada ha alegado la Administración recurrida ante esta Sala se tienen por reproducidas las razones que dio en la instancia de forma que el alcance de nuestra sentencia no puede ser otro que declarar que si doña Ascension subsana la falta de firma electrónica y registro de su solicitud y participa en el proceso selectivo, se declara su derecho a que debió quedar incluida en las bolsas con los efectos inherentes a la misma.

CUARTO.- COSTAS.1. De conformidad con el artículo 93 de la LJCA, en la casación soporta cada parte sus propias costas.2. En cuanto a las costas de la instancia, el artículo 139 del mismo cuerpo legal prevé su imposición a la parte cuyas pretensiones sean íntegramente desestimadas.

  • Así, procede imponer las costas del recurso contencioso-administrativo a la Junta de Andalucía hasta un máximo de 1000 de euros por todos los conceptos.
  • F A L L O Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad que le confiere la Constitución, esta Sala ha decidido PRIMERO.- Conforme a lo declarado en el Fundamento de Derecho Segundo.3, se estima el recurso de casación interpuesto por la representación procesal de DOÑA Ascension contra la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Sección Tercera, con sede en Sevilla, de 18 de octubre de 2019, dictada en el recurso contencioso-administrativo 617/2017, sentencia que casamos y anulamos.

SEGUNDO.- Se estima el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación procesal de DOÑA Ascension contra las resoluciones reseñadas en el Antecedente de Hecho Primero de esta sentencia, que anulamos y en su lugar declaramos: 1.º El derecho de la recurrente a que la Administración le dé un plazo de diez días para subsanar la falta de firma electrónica y registro de su solicitud para participar en el proceso selectivo convocado por Orden de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía de 29 de marzo de 2017, así como su derecho a participar en dicho proceso selectivo siempre que realice la necesaria subsanación.2.º Que de realizar esa subsanación, se declara su derecho a quedar incluida en las bolsas, con los efectos inherentes a la misma.